Ciudad de México. La ex directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces, acudió este martes a presenciar la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se enlistó un proyecto que revisa la constitucionalidad de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) de 2023, una norma que ella impulsó y que generó polémica por rediseñar la política científica de México.
Álvarez-Buylla se sentó en primera fila del área de invitados, que normalmente ocupan estudiantes de distintas universidades, justo detrás del secretario general de Acuerdos. La presencia en la Corte de una exservidora pública es poco usual cuando se analiza una norma en cuya elaboración participó.
El proyecto, bajo la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, propone validar la la LGHCTI, fallo que impactaría al menos 88 amparos de investigadores —entre ellos el hoy ministro Giovanni Figueroa Mejía— sobre el acceso a estímulos del Sistema Nacional de Investigadores.
El proyecto descarta discriminación y fija un criterio que permitiría a investigadores privados acceder a estímulos si se vinculan con el sector público o la Agenda Nacional.
También valida el proceso legislativo y respalda becas, financiamiento, la libertad de cátedra, la integración de la Defensa y Marina en la Junta de Gobierno y las obligaciones del personal de Centros Públicos.
