Entre 1970 y 2019, la matrícula de educación superior en América Latina pasó de aproximadamente 1,9 millones de estudiantes a más de 30 millones. Ese crecimiento llenó las aulas —antes homogéneas y elitistas— de estudiantes de primera generación universitaria y dejó atrás el modelo en que la experticia disciplinar bastaba para enseñar: el médico que enseña medicina, el abogado que enseña derecho.
El nuevo Documento de Trabajo n.º 15 “La institucionalización de la pedagogía universitaria en América Latina: tensiones estructurales, niveles de articulación y desafíos de la soberanía académica”, elaborado por el Centro de Pedagogías Universitarias (CPU), entre UNESCO (IESALC) y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) registró que en los sistemas universitarios de la región se precarizaron las condiciones laborales.
El estudio examinó cómo las instituciones de educación superior (IES) de la región transitan de la transmisión de contenidos “hacia arquitecturas dedicadas al desarrollo docente, la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje (SoTL) y el aseguramiento de la calidad”.
El informe fue elaborado por . Compara 14 sistemas nacionales: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La ecuación detrás de la expansión en el estudio de UNESCO
El estudio identifica el principal freno a la profesionalización de la enseñanza: la precarización laboral del profesorado. En México, Colombia y Perú, una gran parte de la docencia de pregrado la imparten profesores «hora cátedra» o a tiempo parcial, con contratos inestables y baja remuneración.
“Esto no es un accidente de gestión, sino una ecuación explícita: la contratación por horas fue el mecanismo con el que los sistemas absorbieron el salto de matrícula sin incrementar proporcionalmente el gasto por estudiante, porque el profesor por horas cuesta una fracción del profesor de planta y no genera obligaciones de investigación, extensión ni carrera”, sostiene el informe.
La precariedad tampoco se distribuye de manera neutral: las figuras contractuales más inestables concentran una proporción mayor de mujeres que los cargos de planta y de mayor jerarquía, aunque el informe advierte que América Latina no dispone todavía de una serie regional comparable por sexo y tipo de contrato. Y añade una advertencia de política pública: exigir estabilidad contractual sin resolver de dónde saldrán los recursos corre el riesgo de trasladar el costo al arancel estudiantil y revertir los avances en acceso.
Cartografía regional: tres niveles de articulación y un caso especial
El informe clasifica los 14 sistemas según la densidad y la articulación de sus CPU o Unidades de Desarrollo Docente e identifica alta articulación nacional en Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina con “políticas de Estado sostenidas y redes maduras”.
También identificó articulación intermedia en Colombia, Perú, República Dominicana, Ecuador donde el crecimiento rápido se da en centros impulsado por la regulación estatal —acreditación y licenciamiento— y por la competencia en el sector privado.
A su vez, remarcó que existe desarrollo descentralizado en México, Brasil, El Salvador, Bolivia, Panamá donde coexisten «islas de excelencia» como el Tecnológico de Monterrey o la UNAM con una vasta mayoría de instituciones sin estructuras formalizadas de apoyo docente.
En red, caso especial (Paraguay): la iniciativa Aula Pyahu, liderada por la Universidad Nacional de Asunción en consorcio con otras 10 universidades y financiada por la Unión Europea, logra una cobertura nacional que ninguna institución alcanzaría por sí sola.
Soberanía tecno pedagógica y uso crítico de la IA
En el plano tecnológico, el documento llama a consolidar una «soberanía tecno pedagógica»: plataformas de gestión propias y seguras, gobernanza institucional de los datos educativos y rechazo a la adopción acrítica de modelos comerciales privativos que mercantilizan la información de los estudiantes.
A su vez registró centros de vanguardia en Argentina (CITEP, de la Universidad de Buenos Aires) y México (Tecnológico de Monterrey) donde ya exploran la IA generativa para la personalización del aprendizaje y la retroalimentación automática. El informe plantea,
sin embargo, el dilema ético de fondo: sin políticas explícitas, la IA puede ampliar la distancia entre las universidades que pueden pagar licencias y hardware y las que no.
