El golpe institucional de la derecha y la extrema derecha en Perú, al ex presidente Pedro Castillo, se llevó consigo uno de los proyectos más osados de América Latina para proteger el litio de la exploración y explotación de las mineras internaciones. Un bloque afín al oficialismo había presentado la iniciativa que tiene foco en el yacimiento de la región de Puno.
El bloque magisterial –reducido grupo legislativo que se mantenía en el oficialismo había presentado un proyecto para nacionalizar la exploración, explotación e industrialización del litio en el país, con el fin de desarrollar valor agregado alrededor del mineral y evitar su extracción y exportación a valores irrisorios.
La finalidad era que el Estado peruano estuviera a cargo de la obtención del metal considerado como el principal recurso energético del futuro, así como de su comercialización y aprovechamiento sostenible. «Los recursos económicos provenientes del litio y sus derivados están orientados a garantizar el desarrollo homogéneo de todas las regiones del país, de las comunidades campesinas y nativas, y a fortalecer el sistema de defensa interna y externa de la nación», decía el artículo 3 del proyecto nunca aprobado, que fue presentado el 6 de octubre de 2022.
Nacionalización
La nacionalización de los recursos naturales había sido uno de los discursos de campaña de Castillo, luego atemperado por las presiones de las multinacionales y sus representantes políticos, lo que incluso dio lugar a la difusión de una supuesta reunión entre el presidente y las empresas del sector donde se habría hablado de ese tema y de futuras concesiones.
Perú tiene un importante yacimiento de litio en la región de Puno, casualmente una de las más castigadas por la pobreza y la que tiene mayor protagonismo en las protestas contra la actual presidenta interina, Dina Boluarte, y la destitución de Castillo ocurrida el 7 de diciembre pasado.
El proyecto Falchani está aún en fase de exploración, en manos de la minera Macusani Yellowcake, de capitales canadienses, que en 2017 encontró toneladas de litio y uranio en la provincia de Carabaya, despertando el interés de las potencias de Europa y de los EE UU. No es casual que este país fuera el primero en calificar como «expresidente» a Castillo, cuando todavía se discutía si su destitución había sido legítima, y ofreció su apoyo al gobierno interino de Boluarte.
Puno
Puno linda con el lago Titi-kaka, que Perú comparte con Bolivia, al igual que una larga extensión limítrofe. Bolivia es el país con mayor reservas de litio del mundo (21 millones T), nacionalizadas por Evo Morales en 2008. Pero el interés no está puesto solo en el litio. Según Claudio Della Croce, del Centro Latinoamericano de Análisis y Estrategia, «con una legislación permeable a los lobbies empresariales», en Perú «las inversiones estratégicas provienen de Estados Unidos a través de empresas como Cerro Verde y Southern Copper Corporation, que operan en la explotación del cobre, mineral del que Perú es el segundo exportador mundial. Pero a las empresas estadounidenses se le sumó la canadiense Plateau Energy, que descubrió uranio en 2017 en el sur, en Macuyani. Mucho cambió con el hallazgo de litio por la canadiense American Lithium en Falchani, quizá el sexto yacimiento más grande en el mundo».
El cobre, acaso el alma de los cables por los que se traslada la electricidad concentrada en las baterías de litio, fue también objeto de interés de las fuerzas de izquierda en el país. En junio pasado, Perú Libre, el partido que se escindió del oficialismo luego de haber llevado en su boleta a Castillo, presentó un proyecto para nacionalizar la industria relacionada con este metal, creando la Corporación Nacional del Cobre.
La discusión sobre la soberanía energética está íntimamente relacionada con el debate sobre una nueva Constitución, que la derecha se niega a debatir sistemáticamente.
