El gobierno de Jair Bolsonaro dio marcha atrás con el intento de quita del superávit que tuvieron las universidades federales en 2019, para destinarlos al tesoro nacional en 2021, como forma de afrontar la crisis por el coronavirus.
Allí, había involucradas cuatro entidades paulistas, que declararon su rechazo al proyecto. Es más, luego que los rectores de las universidades federales de Brasil se opusieran, el propio gobernador de San Pablo, Joao Doria (PSDB) retrocedió y tomó la misma postura.
Doria renunció, así, a tomar recursos de las principales universidades regionales: la Universidad Estadual Paulista (UnEsP), La Universidad Nacional de Campinhas (UNICAMP), la Universidad de San Pablo (USP) y la Fundación para el apoyo a la Investigación de San Pablo (FAPESP).
Sin el apoyo de los rectores, el gobernador retiró su respaldo al proyecto de ley de ajuste fiscal que se votó el jueves 8 de octubre, en el parlamento de Brasil.
Bolsonaro va por los recursos de universidades
Presentado hace dos meses, el proyecto de ley 529 exige que el superávit financiero de 2019 de las universidades estatales (USP, Unesp y Unicamp) y Fapesp sea transferido al tesoro estatal para su uso en el presupuesto de 2021.
El proyecto también planteó extinguir diez agencias públicas, responsable de diferentes áreas como salud, vivienda y transporte. El retiro de fondos de las universidades, que solo este año perdería $1 mil millones de reales (179 millones de dólares), es uno de los puntos que enfrenta mayor resistencia y movilizó a la comunidad académica y científica.
Según un comunicado de CRUESP (Consejo de Rectores de las Universidades del Estado de São Paulo), Doria informó a los dirigentes que proponía cambios en el proyecto de Ley para excluir a las instituciones educativas y a la Fapesp de la recaudación de excedentes financieros.
“El proyecto fue considerado un ataque a la autonomía universitaria y un ataque al sistema de ciencia, tecnología y educación del estado, lo que resultaría en un grave daño a la sociedad paulista”, dice la nota del concejo.
Los líderes de las cuatro instituciones advirtieron que retirar el recurso interferiría con los proyectos de investigación. Según ellos, si bien las cuentas anuales señalan un superávit, el recurso que se retiraría proviene de reservas financieras ya comprometidas para gastos futuros de financiación y fomento de investigaciones en curso y que son de largo plazo.
Peligraba la autonomía universitaria
También señalaron que la medida podría considerarse inconstitucional ya que les quitó la autonomía administrativa que tenían desde hace 31 años. Cruesp agradeció a la comunidad académica por su intensa movilización “en defensa de la preservación de la autonomía financiera y de gestión de las universidades”.
Desde el 28 de septiembre, el banco de Doria ha estado tratando de lograr quórum para votar el proyecto de ley. La movilización contra el proyecto condujo incluso a una unión sin precedentes, con la unión de PT, PSL, PSOL, Novo y otros siete partidos para obstruir la votación.
Según Doria, las medidas propuestas en el proyecto son necesarias para el ajuste fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas. El objetivo es reducir el déficit de $ 10,4 mil millones de reales en cuentas en el contexto de la nueva pandemia de coronavirus.
Solicitado, el gobierno de Doria no comentó sobre el revés en la propuesta. La dirección defiende que el proyecto apunta a medidas para “garantizar el pago de docentes, profesionales de la salud, policías y demás funcionarios en 2021 y mantener la calidad de los servicios públicos”.
