Ante la trabada negociación por una exención temporal de patentes de las vacunas contra el coronavirus, Bolivia encabeza los esfuerzos por un camino alternativo que puede sentar un importante antecedente: utilizar la flexibilidad de la misma norma en debate en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para obligar a Johnson & Johnson a dar la licencia de su inmunizante a otro laboratorio para la producción.
Concretamente, el país firmó un convenio con la empresa canadiense Biolyse Pharma para fabricar e importar 15 millones de vacunas monodosis de Johnson & Johnson, siempre y cuando se consiga una licencia obligatoria, contemplada en el acuerdo sobre propiedad intelectual de la OMC que más de 100 países, incluyendo ahora a Estados Unidos, buscan que se levante mientras dure la pandemia.
Teniendo en cuenta que las patentes las otorgan los gobiernos, la norma reconoce desde su creación en 1995 que las mismas autoridades puedan habilitar, en casos especiales, a que otros fabriquen productos patentados a cambio de un canon para quien posee la propiedad intelectual.
Una modificación que rige desde 2017 permite que estas licencias obligatorias se utilicen no solo para el mercado doméstico, sino también para que países sin capacidad local puedan importar productos farmacéuticos genéricos, un reclamo impulsado por las naciones africanas ante los altos costos de los medicamentos contra el VIH.
Bolivia ahora hace uso de esa flexibilidad de la norma y ya presentó ante la OMC la documentación en la que justifica la necesidad de importar la vacuna de Johnson & Johnson mediante una licencia obligatoria.
“Este es un ejemplo de un miembro de la OMC que busca hacer uso de las herramientas disponibles para responder a la pandemia de Covid-19, incluso mientras se busca ampliar la gama de opciones a través de la propuesta de exención” de patentes, afirmó Antony Taubman, director de la División de Propiedad Intelectual del organismo con sede en Ginebra, Suiza.
“Este paso proporciona una respuesta práctica de lo que podría ser un proceso más amplio en el que los países señalen necesidades urgentes e insatisfechas y fomenten una respuesta combinada y coordinada de los socios internacionales”, celebró.
En sintonía, el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, también resaltó la importancia de encarar todas las alternativas posibles en la lucha contra el coronavirus: “Necesitamos unirnos para encontrar formas de superar la pandemia. Si tenemos que hacer licencias obligatorias, hagámoslo. Si tenemos que cambiar las reglas de la OMC, hagámoslo. Si tenemos que liberar las patentes y transferir tecnología, hagámoslo”.
En declaraciones a Télam, Hilary Wong, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley, en California, señaló que “la concesión de licencias obligatorias es una opción política viable”.
“El miedo a represalias y la condena por parte de Estados Unidos y otros países industrializados ha disuadido a los países en desarrollo de utilizar licencias obligatorias. Necesitamos asegurarnos de que eso no ocurra ahora para resolver la escasez global de vacunas durante la pandemia de Covid-19”, añadió.
La estrategia de Bolivia no podría concretarse sin un laboratorio con capacidad operativa y técnica para producir el fármaco y, por eso, firmó el acuerdo con Biolyse Pharma, una empresa con sede en la provincia canadiense de Ontario que se especializa en medicamentos inyectables contra el cáncer y que asegura poder fabricar dosis a un precio de entre tres y cuatro dólares cada una.
“Este es un pequeño paso en el proceso de concesión de una licencia obligatoria para una vacuna Covid-19 y un paso gigantesco hacia la cooperación internacional para vacunar al hemisferio sur”, indicó el vocero del laboratorio, John Fulton, al destacar el antecedente que puede generar el convenio.
Al igual que Bolivia en la OMC, Biolyse ya inició los procedimientos en su país: recurrió al Régimen Canadiense de Acceso a Medicamentos (CARM, por sus siglas en inglés), el marco legal que regula localmente la normativa internacional sobre derechos de propiedad, para solicitar al Gobierno que obligue a Johnson & Johnson a compartir sus patentes a cambio de un canon.
La legislación requiere dos cosas
Por un lado, que Biolyse demuestre que ya pidió una licencia voluntaria a la farmacéutica y fue rechazada, lo que ocurrió el 3 de marzo pasado, y, por otro, que Canadá incluya el inmunizante en su listado de productos aprobados para la exportación, lo que ya fue solicitado el 26 del mismo mes y hasta el momento espera la respuesta de las autoridades, según contaron a esta agencia fuentes de la empresa.
Esta vía del CAMR tiene un solo antecedente: en 2007 el laboratorio Apotex la utilizó para fabricar medicamentos contra el HIV para su exportación a Ruanda, en África, proyecto que luego fue abandonado por lo engorroso y burocrático del trámite.
En esta pandemia de coronavirus la licencia obligatoria fue pedida por Israel hace dos meses para importar de India genéricos de lopinavir-ritonavir, un antirretroviral que la Organización Mundial de la Salud concluyó que no era efectivo contra la Covid-19.
Sin embargo, fue Bolivia la que marcó el hito de ser el primer país en avanzar en este camino para conseguir las vacunas que ya se administran de forma masiva en Estados Unidos.
Este camino abre la posibilidad de que otros gobiernos presenten solicitudes similares y puedan importar inmunizantes de cualquiera de los 50 miembros de la OMC que promulgaron leyes nacionales que establecen la producción y exportación de medicamentos fabricados bajo licencia obligatoria.
