En medio del conflicto entre el Gobierno y las instituciones universitarias, la Universidad de Buenos Aires (UBA) señaló que el ajuste previsto para la actualización de recursos del sistema universitario es equivalente al que se realiza para el blanqueo y beneficio de los sectores más ricos del país (0,14%).
El informe fue elaborado por el Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA) de la Facultad de Ciencias Económicas. El esfuerzo fiscal es mayor, incluso, que el aplicado al derivado del régimen de promoción industrial de Tierra del fuego (0,22%).
La actualización del conjunto de los gastos de funcionamiento tanto de universidades como de hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes equivale a un esfuerzo fiscal del 0,14% del PBI.
El texto realiza una crítica hacia la política de ajuste del Gobierno de Javier Milei e indica: “La reciente reforma fiscal, por ejemplo, incluía una fuerte reducción tanto presente como futura de los impuestos al patrimonio que recaen en aquellos sectores con mayor riqueza en la sociedad. La modificación del mínimo no imponible y las alícuotas correspondientes a la fórmula del impuesto a los bienes personales, se traduciría en una caída en la percepción de ingresos pública de aproximadamente 0,14% puntos del PBI”.
La reducción en las cuotas de los bienes personales representa la misma cantidad de dinero ajustado en el sector universitario. “Con estas modificaciones y en base a los últimos datos de tributación por categoría de patrimonio imponible (año 2022) se estima que la caída en la recaudación por bienes personales sería de aproximadamente un 25% pasando de representar un 0,52% del PBI a un 0,38%”, indica el texto.
Y apuntan: “Así, la reducción impositiva a los sectores con mayores recursos de la sociedad equivaldría a la misma cuantía que la necesidad de presupuesto proyectada por el Congreso”.
“Con un esfuerzo fiscal equivalente al 0,14% del PBI, similar al beneficio otorgado a las élites más adineradas del país y significativamente inferior al régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego, se evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos”, concluyen.
