La Función Ciencia y Tecnología del presupuesto nacional se encamina a una caída del 48% en dos años. Este descenso que lleva la inversión en el sector a su piso histórico implica el incumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Ciencia, votada por el Congreso en 2021 y actualmente en vigencia, que indica que este valor debería alcanzar el 0,45% del PBI en 2025.
En el último informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC-CIICTI) que se dedica a analizar las principales variables de la política pública en materia de ciencia, tecnología, universidad y educación, se detalla que como consecuencia del ajuste, todos los organismos de ciencia perdieron financiamiento.
Al revisar sus presupuestos actuales en comparación con los del año 2023, puede identificarse que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Agencia IDI lideran la caída, acompañados por el INTA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Servicio Meteorológico Nacional, el CONICET, el INTI y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
Pero, no se trata solo de caída del presupuesto porque, a partir de los decretos emitidos con los poderes delegados por la Ley Bases, el Gobierno busca, además, avanzar sobre la estructura de los principales organismos de ciencia y tecnología como son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (al que le quitó su carácter de organismo descentralizado, su CUIT y su capacidad de emitir contrataciones con privados), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (al que le modificó el Directorio y le cambió la figura de organismo descentralizado) y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros.
Desfinanciar y desmantelar organismos de ciencia, el norte en la era Milei
El desfinanciamiento es la regla en todos los organismos (el CONICET, el SEGEMAR, el INIDEP, la CNEA, la CONAE), pero además Milei pretende avanzar con achicar organismos que considera “excesivos”, como es el caso del INTA y el INTI.
Los organismos en los cuales el sistema científico aplica su conocimiento son más, pero esos dos son los más emblemáticos porque allí se plasma la “transferencia” de conocimiento al sector productivo de manera más notoria y masiva en, por ejemplo, la producción de vacunas para frenar plagas de insectos en las plantaciones del campo o el control de calidad de maquinarias usadas para el sector industrial, alimenticio y sanitario (clave para evitar enfermedades e intoxicaciones).
El INTI y el INTA son nacionales en un sentido territorial porque llegan a todo el país y tienen centros de investigación, centros de transferencia y unidades experimentales, en todas las provincias.
El Congreso y la Justicia, una posible salida
Pues bien, el gobierno busca desmantelarlos y achicarlos, como mínimo, a la mitad, rematando sus tierras y dependencias. Si bien los representantes de cámaras empresarias (como la Sociedad Rural, la UIA), legisladores, gobernadores, productores y sectores gremiales pidieron frenar el desmantelamiento del INTA y el INTI, el gobierno ya inició gestiones para rematar sus bienes, desde vehículos hasta tierras.
Eso es lo que enmarca el desfinanciamiento, que no se reduce únicamente a achicar fondos, sino a desmantelar lo construido hasta ahora. Si bien, en el Congreso avanza la anulación de los decretos para desmantelar esos organismos, y avanzan medidas cautelares en la Justicia, el gobierno busca como sea el desmantelamiento de esos organismos.
Por otra parte, en el informe se asegura que “un eje clave en la comprensión de la deriva del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es la inversión en bienes de capital y equipamiento en alguno de sus organismos nodales”. En ese sentido, se explica que los valores actuales en este inciso del presupuesto se encuentran un 93,9% por debajo de los de 2023.
El informe completo del Grupo EPC-CIICTI.
