Finalmente, el Senado convirtió en ley el financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología, con 59 votos a favor, anoche a las 21:21, y sin abstenciones ni votos negativos.
La decisión permitirá el incremento escalonado de la inversión pública destinada a la Función Ciencia y Técnica desde el 0,28% actual, al 1% del PBI, en el año 2032.
En términos de montos, la suma representa unos 4000 millones de dólares estimativamente, si se tiene en cuenta que hoy la inversión alcanza, aproximadamente, los 1000 millones de dólares.
En esta nota conocé los testimonios que los senadores y senadoras presentaron a la hora de la votación.
La primera en manifestar su posicionamiento fue la presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, y senadora por Río Negro, Silvina García Larraburu, quien aseguró que “esta es una iniciativa muy esperada por la comunidad científica y tecnológica, nos va a permitir tener una ley marco de financiamiento para el sector, vamos a otorgarle previsibilidad y asegurar su crecimiento más allá de los cambios de gobierno”.
Larraburu destacó que “buscamos incrementar la infraestructura y el equipamiento, potenciar las actividades de investigación, promover la formación de nuestros profesionales y establecer un mecanismo que garantice una mejora en las remuneraciones”.
Por su parte, el senador Oscar Parrilli, le apuntó a la desinversión durante la gestión de Cambiemos, y aseguró que “lo que hizo Macri del 2015 en adelante fue destruir o paralizar todo lo que habíamos hecho en doce años en ciencia y tecnología, desfinanciar proyectos de investigación del Conicet o paralizar el plan Raíces para el regreso de científicos del exterior”.
“Con este proyecto establecemos una política de financiamiento progresivo para el sistema nacional de ciencia y tecnología. Esto pinta cuál es la visión de nuestro Gobierno, contraria a la del anterior, que achicó el presupuesto y suspendió proyectos en marcha”, destacó la legisladora Norma Durango.
Por su parte, Roberto Mirabella, senador por Santa Fe, aseguró que “es muy bueno que como país podamos establecer políticas de Estado a través de leyes como esta, los países con mayores niveles de actividad económica y calidad de vida tienen altos índices de inversión en investigación y desarrollo”.
Por último, el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saa, dijo que “Es una decisión estratégica que fortalezcamos sistema de ciencia, tecnología e innovación, nuestras capacidades en estos temas son enormes y se han visto reflejadas en este momento de pandemia. Me parece que es un hecho muy positivo y para destacar”.
La ley que deberá promulgar el Poder Ejecutivo
La propuesta se elaboró en consenso entre las principales fuerzas políticas, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio y fue aprobada por 189 votos a favor y cero en contra en Diputados.
La misma apunta a declarar de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (art.1); Financiamiento Progresivo: el objetivo es comenzar el 2021 con el 0,28% para alcanzar en 2032 el 1% del PBI; progresividad y planificación para un proyecto nacional de desarrollo, generar exportaciones, divisas y nuevos empleos de calidad (arts. 2, 3 y 5); desarrollo federal de un sistema de ciencia y tecnología que tienda a la reducción de las asimetrías entre regiones y a la consolidación y crecimiento de los sistemas provinciales con participación del COFECYT (arts. 3 y 8); Propiciar la igualdad real y efectiva de género en todos los niveles y ámbitos del sistema científico (art. 3).
Pero, además, plantea el escalonamiento de la inversión en la Función Ciencia y Técnica, hasta el 1% del PBI en 2032. La Función Ciencia y Técnica se encuentra integrada en la Finalidad “Servicios Sociales”, del Presupuesto Nacional, y engloba a 17 organismos científicos y tecnológicos, distribuidos en nueve ministerios.
17 organismos científicos y tecnológicos
La iniciativa beneficiaría a todos los organismos de ciencia y tecnología que integran la Función y Técnica y que se distribuyen entre 9 ministerios: La Fundación Miguel Lillo, CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional del Agua (INA), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MinCyT), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), la Administración Nacional de Laboratorios (ANLIS), el Servicio Hidrográfico Naval (SHN), el Centro de Investigación en Tecnologías para la Defensa (CITEDEF), el área de Ciencia y Técnica de las Universidades Nacionales, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Instituto Antártico Argentino (IAA).
Esos 17 organismos son una parte (la mitad) del total de lo que representa el sector de ciencia y tecnología nacional. Es decir que la Función Ciencia y Técnica representa aproximadamente el 50% de toda la inversión de ciencia y técnica que hace la Argentina.
En ese espectro más amplio, que esta ley no alcanza (pero si impacta), está la inversión que realizan las empresas privadas, por ejemplo, y los cargos de dedicación exclusiva de las universidades.
La Ley, por tanto, plantea incentivar con inversión en un área específica y considerable alcanzada por el sector público, para generar una sinergia en ese resto del sistema científico y tecnológico, pero también en el productivo.
Hoy la inversión que realiza Argentina para la Función Ciencia y Técnica, se encuentra en el 0,25% del PBI, (en su mejor época, durante el kirchnerismo alcanzó el 0,35% del PBI) por lo que la iniciativa plantea cuadruplicar la asignación a lo largo de once años, con una cláusula que impide que los recursos año a año sean menores que el año anterior.
En 2012 la inversión total en I+D (pública a nivel nacional y provincial + la inversión privada) alcanzó el 0,63%, monto más alto de la historia.
La tabla de inversión del nuevo proyecto:
2021: 0,28% del PBI
2022: 0,31% del PBI
2023: 0,34% del PBI
2024: 0,39% del PBI
2025: 0,45% del PBI
2026: 0,52% del PBI
2027: 0,59% del PBI
2028: 0,68% del PBI
2029: 0,78% del PBI
2030: 0,90% del PBI
2031: 0,95% del PBI
2032: 1% del PBI
El proyecto se plantea como base de consistencia en financiamiento para la Ley 25467, de Ciencia, Tecnología e Innovación e Innovación productiva, para el corto, mediano y largo plazo.
