La Comisión de Ciencia y Teconología de la Cámara de Diputados presentó, ayer, el último de los cuatro encuentros informativos para realizar aportes a los dos proyectos de ley de Financiamiento Escalonado para Ciencia y Tecnología.
Se trata de las iniciativas parlamentarias presentadas por el presidente de la Comisión, José Luis Riccardo (UCR-JxC), y por la vicepresidenta de la Comisión, Claudia Bernazza (FdT).
El primero de los proyectos plantea escalonar progresivamente la inversión del sector, desde 2021 hasta 2035, hasta el 3% del Producto Bruto Interno, mientras que la iniciativa del oficialismo busca llevar esa inversión al 1% del PBI en 2030.
En el último de los encuentros estuvieron presentes Eduardo Dvorkin, presidente de Y-TEC; Yamile Socolovsky, docente de Humanidades en la Universidad Nacional de La Plata, Eduardo Matozo, Gerente del Parque Tecnológico Litoral Centro y ex ministro de Ciencia y Tecnología de Santa Fe; Armando Fernández Guillermet, presidente del Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN); y Susana Hernández, presidenta de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, hablando sobre articulación entre ciencia y sector productivo.
En esta nota algunos de los testimonios del encuentro que duró cerca de tres horas.
La importancia del Estado para apalancar el desarrollo
El presidente de Y-TEC, Eduardo Dvorkin, hizo su presentación puntualizando sobre la importancia del rol del Estado nacional en el desarrollo tecnológico. “El desarrollo industrial es un desafío científico tecnológico”, dijo, y agregó que “El Estado cumple un rol central en el desarrollo tecnológico, y esto no es sólo en Argentina, sino en países de altísimo desarrollo industrial, allí el Estado tiene el lugar central en la innovación tecnológica”.
Citando varios ejemplos de desarrollos de tecnología en Estados Unidos y en Brasil, y referenciando su alocución en la obra de Mariana Mazzucato, Dvorkin aseguró que
“las herramientas del Estado son el poder de compra inteligente para impulsar el desarrollo de tecnología, pero también la regulación estatal que usa protección arancelaria o paraarancelaria y el Estado productor, como en el caso de ARSAT”.
Dvorkin manifestó que en Argentina “tenemos un buen desarrollo científico pero con baja concreción tecnológica” y sostuvo que “las empresas innovadoras de Silicon Valley son exponentes de la tracción estatal sobre el desarrollo tecnológico”.
Establecer metas
A su turno, Yamile Socolovsky, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata, hizo hincapié en la importancia de establecer metas de financiamiento, al igual que se hizo con la Ley de Financiamiento Educativo, en la que las dos normas se amparan.
Socolovsky rescató que, desde la Ley de Financiamiento Educativo, en 2006 “hemos tenido metas de financiamiento que fueron relevantes en el desarrollo de políticas educativas en el país, conduciendo el financiamiento educativo a sus metas, por encima del 6% del PBI, hasta 2015”.
“Nos parece que la propuesta de incremento que conduzca en 10 años al 1% nos parece razonable y situada, por el contexto económico”, dijo Yamile, en apoyo a la iniciativa parlamentaria de Claudia Bernazza.
Socolovsky llamó además, a evitar el desacople entre el sistema científico-tecnológico y el sector productivo “mirando más de cerca a PyMEs, las cooperativas, las organizaciones de la economía popular y el mundo del trabajo”
“El desarrollo del sistema científico y tecnológico requiere una inversión que el Estado debe sostener”, dijo Socolovsky.
El equilibrio entre Estado y privados
Eduardo Matozo, ex Ministro de Ciencia y Tecnología de Santa Fe, ex miembro del directorio de la Agencia (ex ANPCyT), también expuso su perspectiva asegurando que “Argentina tiene que seguir haciendo buena ciencia, por lo que discutir una Ley de este tipo es muy alentador como país”.
“Tenemos que lograr que el Estado se apropie de la ciencia, para convertir en soluciones aplicadas a soluciones de los habitantes, y el sistema productivo tiene que convertir la ciencia en innovaciones para lograr bienes y servicios exportables”, dijo Matozo.
Matozo, destacó que “algunas provincias han creado Agencias y están cumpliendo el rol de financiar la I+D+i, y esta Ley tiene que financiar esto de que las provincias pongan dinero para las innovaciones de su territorio”.
El Gerente del Parque Tecnológico Litoral Centro, destacó el rol de los parques tecnológicos, las Agencias y Polos Tecnológicos que se están desarrollando en varias provincias y destacó que en el caso de Santa Fe el parque tecnológico que gestiona “es un emprendimiento público-privado, una sociedad anónima con participación estatal, que integra al CONICET, el gobierno provincial y la Universidad Nacional del Litoral, donde tenemos 19 empresas desde las que no facturan y las que exportan a 30 países en el mundo, generando el 30% de las exportaciones de la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años, y esto es la aplicación de los conocimientos”.
Matozo destacó que “de los 400 puestos de trabajo del parque el 60% tienen formación terciaria y universitaria o más, y el 30% tiene títulos de posgrado, esto es empleo de calidad”.
Por último, Matozo, destacó “la importancia que tiene el rol del Estado jugando en incentivar el desarrollo de investigación aplicada para la solución de problemas a la población, y a través del sector productivo”.
Financiamiento si, pero detrás de una política científica nacional
Luego continuó la exposición de Armando Fernández Guillermet, investigador superior de CONICET en la gerencia de Física del Centro Atómico Bariloche, es profesor titular del Instituto Balseiro, y presidente del Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN).
“El CUCEN considera auspicioso que en este ámbito se traten proyectos que otorguen previsibilidad y continuidad a las actividades de ciencia y técnica mediante un financiamiento adecuado”, dijo Guillermet.
El propio CUCEN envió un documento en respuesta a la lectura de ambos proyectos de financiamiento y Guillermet se encargó de destacar los puntos principales del documento elaborado. “El presupuesto de ciencia y tecnología debe estudiarse en el marco más amplio de instrumentos y objetivos de la política científica nacional, establecidos por la Ley 25467, sancionada en 2001 que instituyó el sistema nacional de ciencia y tecnología”.
Guillermet subrayó tres ejes: la dimensión socio-política de la ciencia y la tecnología, el avance del conocimiento y sus efectos sociales y el desarrollo tecnológico y su impacto en el sistema productivo.
El análisis del CUCEN tuvo en cuenta además el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En la segunda premisa se fija que “al estudiar los objetivos de los proyectos de financiamiento deben tenerse en cuenta también los objetivos especificos que plantean la articulación y consolidación de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación”.
Entre esos desafíos, Guillermet destacó “fortalecer las áreas de desarrollo tecnológico e innovación que son complementarias de la investigación básica, lograr que el sector privado contribuya a las actividades de inversión de ciencia y tecnología y establecer una mayor vinculación de carácter bidireccional desde la oferta y demanda de conocimientos, entre el sector público, el productivo y la sociedad civil”.
“Las metas presupuestarias planteadas por los proyectos pondrían a la Argentina en niveles comparables a las de otros países”, dijo Guillermet.
Más recursos, pero con objetivos claros
Por su parte Susana Hernández, Física, investigadora y profesora emérita de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y presidenta de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, contó que el documento de la Asociación presentado para el debate de los proyectos cuenta con la adhesión de 28 asociaciones civiles científicas que reúnen a unas 15 mil personas.
El documento plantea que “el incremento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación debe realizarse con objetivos claros expuestos en el cuerpo de la ley”, destacando “la federalización del sistema, la diversificación de la matriz productiva, la generación de empleo, la promoción de profesionales y expertos en el país y el exterior, el incentivo a la inversión privada en investigación y desarrollo, el diagnóstico integral, la visibilidad pública de avances científicos, el desarrollo de instrumentos para financiamiento de la actividad científica y la puesta en valor en infraestrctura y equipamiento”.
Hernández aseguró que existen dos aspectos no tenidos en cuenta en los proyectos que consideró “ineludibles para un crecimiento sostenido del sistema”. Por eso destacó que “la legislación debe incluir un objetivo que haga explícita la perspectiva de género para acortar las desigualdades y promover la participación inclusiva; y por otro lado incluir entre los objetivos una mención al papel de la ciencia y tecnología en el estudio y resolución de problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad y los problemas ambientales”.
La presidenta de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia destacó que en el documento las 28 asociaciones consensuaron que el financiamiento debe alcanzar el 1,5% del PBI en 2030.
Hernández cerró sosteniendo que “el aumento de presupuesto en ciencia y tecnología es una condición necesaria pero no suficiente para lograr una mayor madurez del sistema científico, para ello sería necesario complementar con un plan estratégico, que se está diseñando hoy con el Plan Argentina 2030”.
