Luego de la declaración de la Federación Agraria y del propio gobierno de Mauricio Macri, en contra del fallo judicial que prohibió que las fumigaciones en Entre Ríos se realicen a menos de tres mil metros de escuelas rurales, ahora se sumó la Aapresid.
La disputa entre el Estado provincial, los productores agrarios, el Estado nacional y las organizaciones ambientalistas viene desde hace muco tiempo pero la controversia alcanzó a los juzgados provinciales.
La Justicia le marcó el terreno al Ejecutivo
En marzo, la justicia de Entre Ríos decretó la nulidad parcial del decreto del gobernador Gustavo Bordet que pretendía imponer límites más laxos a los que había establecido una sentencia judicial respecto de las tareas de fumigaciones en zonas próximas a establecimientos educativos.
El camarista Andrés Marfil admitía la demanda interpuesta por el Foro Ecologista de Paraná y por eso mismo dispuso la nulidad parcial del decreto N° 4.407, dictado en diciembre de 2018 por el Poder Ejecutivo entrerriano.
En los fundamentos del fallo judicial se declaraba “inconstitucional por violación de la cosa juzgada al no ajustarse al estándar normativo del fallo dictado” en octubre del año pasado por el juez Oscar Daniel Benedetto, ratificado luego por un fallo de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
A la disputa entre el Ejecutivo y la justicia provincial se sumó, casi al mismo momento, otra controversia con los sectores productivos y los medios de comunicación locales que los apoyan, quienes argumentan que se está afectando la productividad y el empleo regional con esa decisión.
Acumulación y siembra intensiva mata salud y medioambiente
La Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) pidió hoy que las regulaciones y fallos respecto al uso de productos fitosanitarios se “sustenten en una base científica sólida”.
Así, solicitaron al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, una audiencia en pos de “un nuevo decreto reglamentario consensuado”.
A través de un comunicado difundido hoy, Aapresid remarcó “la necesidad de que las regulaciones y fallos respecto de los productos fitosanitarios, especialmente su aplicación, se sustenten en una base científica sólida de modo de alcanzar la sustentabilidad productiva”.
Dicho pedido por parte de la institución se realizó a partir de la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial de prohibir la fumigación terrestre con fitosanitarios en torno a 1.000 metros de escuelas rurales, mientras que en la aplicación aérea el límite se dispuso a 3.000 metros.
Tal decisión provocó el reclamo de los productores afectados por dicha normativa.
“Aapresid participa de la mesa de debate de Entre Ríos en la que junto a otras instituciones provinciales ha firmado el pedido de audiencia al gobernador Bordet en pos de la promulgación de un nuevo decreto reglamentario con base en el consenso de las partes y que cuente con bases científicas consistentes y fundamentadas”, indicó.
