El Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, a cargo del juicio de lesa humanidad en la causa de “los Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo”, dictó esta semana una medida cautelar para preservar pruebas que podrían encontrarse en aviones inutilizados que se encuentran ese predio militar y le solicitó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que realice pericias en el lugar.
“El lunes hicimos una pericia ocular en Campo de Mayo en el contexto de este juicio. Pedimos una medida cautelar para que se preservaran las pruebas que podrían hallarse en aviones Fiat G-222 y Twin Otter que aún permanecen en el Batallón 601 de aviación del Ejército”, señaló a Télam Mercedes Soiza Reilly, integrante de la Fiscalía General que interviene en este juicio y que encabeza Marcelo García Berro.
Se trata de naves que “hace mucho tiempo que están ahí y que podrían tener elementos que serían útiles para la causa”, explicó.
El Tribunal ordenó, tras la inspección ocular que se llevó a cabo y a pedido de la Fiscalía, que se preserve también un sector de la cabecera de la pista, donde en tiempos de la última dictadura militar se acumulaban ampollas y jeringas que se utilizaban para drogar a las víctimas que eran lazadas al mar.
“La intención es ahora que el EAAF realice pericias en el lugar y busque en la tierra de ese sector de la pista si se pueden encontrar elementos de prueba”, apuntó Soiza Reilly.
El TOF 2 de San Martín, presidido por el juez Walter Venditti, le solicitó al jefe del Ejército, general de brigada Agustín Cejas, que “se adopten medidas necesarias para que no se modifique el estado actual ni la situación jurídica de los aviones: Twin Otter matrícula AE-106 y Fiat G-222 matrículas AE-260, AE261 y AE-262; sin perjuicio de los derechos que pudieren haber adquirido terceros”, según la cédula de notificación a la que accedió Télam.
“Dada la indicación in situ realizada por el testigo Escobar Fernández, es procedente como prueba sobreviniente disponer la excavación del ángulo de tierra y vegetación baja ubicado en la cabecera norte de la pista de despegue y aterrizaje con un alcance de 50 metros desde el vértice en la búsqueda de ampollas y todo otro deshecho de material medicinal descartable”, indicó la resolución judicial.
Según el sitio web La Retaguardia, “en el momento de los hechos, Escobar cumplía el Servicio Militar Obligatorio en Campo de Mayo, y en ese sector vio montañitas de ampollas de Ketalar”, una droga empleada para adormecer a las personas.
“En esta causa tenemos declaraciones de casi 200 exsoldados conscriptos que fueron testigos de muchos de los crímenes cometidos en Campo de Mayo y son testimonios que nos permiten avanzar con la investigación”, explicó la letrada del Ministerio Público.
Soiza Reilly contó también que en 2012, y durante la instrucción de esta causa, “se notó la presencia de estos aviones y desde el Ejército nos dijeron que se venderían a Italia como chatarra, pero esa operación se frenó con una cautelar”.
“La noticia de que los aviones seguían en Campo de Mayo se conoció el año pasado en base a una inspección del EAAF y se reafirmó con la declaración de Marcelo Castillo, integrante del equipo, que lo contó en una de las audiencias de este juicio”, detalló.
La Fiscalía solicitó también las planillas de registro de los vuelos que salieron de Campo de Mayo, algo que Soiza Reilly hizo en la causa ESMA III, en la cual se investigaron delitos similares.
“Son aviones, en el caso de los Fiat, que se utilizaban para hacer prácticas de paracaidismo y en el caso de los Twin Otter son naves que se podían abrir en vuelo y se pudieron utilizar para lo que estamos investigando”, apuntó.
La causa
En este proceso oral y público se aborda la responsabilidad de cinco acusados en una asociación ilícita y su intervención en cuatro casos de víctimas que estuvieron secuestradas y fueron torturadas en la guarnición militar de Campo de Mayo.
Esas víctimas están desaparecidas en el contexto de los “vuelos de la muerte” y sus cuerpos, arrojados a las aguas del Río de La Plata, fueron recuperados tras permanecer inhumanos en fosas comunes de distintos cementerios.
Los acusados son Santiago Riveros, quien fue jefe de Institutos Militares; y a los aviadores Luis del Valle Arce, Delsis Malacalza, Eduardo Lance y Alberto Conditi, que integraban diferentes áreas del batallón de Aviación 601 del Ejército que funcionaba en la guarnición militar.
El juicio comenzó el 5 de octubre y las audiencias se realizan de forma virtual -en función de las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia de coronavirus- todos los lunes desde los tribunales de San Martín.
Leonardo Castillo, para Télam.
