Tras el escándalo surgido por la posibilidad de que la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) otorgara un reconocimiento, en 2020, a los ex funcionarios de la dictadura militar, José Palazzo y Jorge Edmundo Barbará, el Consejo Superior, decidió ayer desterrar esa chance.
Es que el 15 de diciembre el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba votó reconocer como docentes eméritos a dos abogados de la Facultad de Derecho que estuvieron involucrados activamente en la dictadura cívico-eclesiástica-militar del 76.
La situación por la cual este órgano de jerarquía de la universidad trató este expediente es por el hecho de que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho.
Tras el rechazo a la designación de eméritos a dos ex funcionarios de la dictadura cívico-eclesiástica-militar, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba trató ayer una norma que destierra la posibilidad de ese reconocimiento.
Se trata de un proyecto de resolución presentado por la decana de la facultad de Ciencias Sociales, María Inés Peralta, quien impulsa la norma para impedir que las personas que apoyaron la dictadura con su actuación pública o su sostenimiento en el discurso público de modo fehaciente, sean designados como profesores eméritos o consultos.
El proyecto de resolución establece en sus considerandos que la Universidad “se ha expedido en numerosas ocasiones en repudio de ese proceso y ha realizado acciones institucionales reparatorias a favor de las víctimas universitarias del mismo, pero también en defensa de los valores democráticos, por Memoria, Verdad y Justicia y el compromiso irrestricto con los Derechos Humanos”. Y apunta que “quedan excluidos de acceder a la designación como profesores/as eméritos/as quienes se hubieren desempeñado como funcionarios públicos jerárquicos (con capacidad de decisión) cuya designación haya sido emanada directa o indirectamente de las autoridades militares de facto”.
En su parte resolutiva, establece que “quedan excluidos de esta designación, quienes se hubieren desempeñado como funcionarios estatales con cargos o funciones de responsabilidad o asesoramiento político, designados durante el Terrorismo de Estado (desde el 24-3-76 al 10-12-83) y/o quienes se hubieren expresado y/o quienes se hubieren manifestado públicamente y de manera fehaciente a favor del régimen dictatorial legitimando discursivamente su accionar”.
La sesión del Consejo se desarrolló el martes desde las 17, y el tema promete una discusión intensa entre los distintos integrantes del organismo.
Los abogados José Palazzo y Jorge Edmundo Barbará
Los abogados son José Palazzo y Jorge Edmundo Barbará. El primero, actualmente denunciado por organismos de Derechos Humanos, sindicatos y familiares de desaparecides durante el Terrorismo de Estado de la dictadura, en la cual ocupó cargos públicos, entre ellos, subsecretario del estado provincial en el 79 bajo el gobierno interventor y jefe del personal de la EPEC de Tosco. Particularmente, durante su gestión como jefe de personal es acusado de ser partícipe de la desaparición forzada del gremialista Di Toffino del emblemático y combativo Luz y Fuerza. Este hecho aún se encuentra en investigación por el mismo poder judicial del cual este abogado forma parte desde hace décadas. Los familiares de dicho gremialista denunciaron en la Megacausa de La Perla en el 2016 en Córdoba, la complicidad de este civil en el proceso de persecución política e ideológica de las décadas del 70 y 80. Pero ¿Con qué pruebas acusan a Palazzo de ?colaborar? con el gobierno golpista? El mismo Luciano Benjamin Menendez escribió en 1980 una carta dirigida al entonces ministro (interventor) provincial Coronel Oscar Joan, en la que defendió enfáticamente a José Palazzo ante las acusaciones de ?izquierdista? hacia este.
Por su parte, Jorge Edmundo Barbará, ocupó los cargos públicos de Subsecretario y Secretario del gobierno municipal de Córdoba, gobierno impuesto por la dictadura. Además, quedó involucrado con la Junta Militar y les interventores de la Universidad Nacional de Córdoba durante la dictadura, cuando en 1978 un grupo de docentes de esta universidad escribieron una carta dirigida al entonces embajador de Estados Unidos en Argentina, Raúl Castro. En la carta desarrollan la necesidad de que el gobierno estadounidense se posicione como un actor activo en la política internacional, negando a como dé lugar las acusaciones institucionales y mediáticas en los organismos internacionales a las innumerables violaciones de los Derechos Humanos y el terror que se estaba viviendo en las calles Argentina.
