A través de una declaración conjunta, un grupo de académicos, investigadores y legisladores salieron a pedir apoyos para manifestarse en rechazo a las políticas públicas que “por acción u omisión promueven la destrucción de los ecosistemas como sucede con los incendios y deforestaciones en el Amazonas”.
En la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, unos 50 investigadores/as de las ciencias ambientales de todo el territorio argentino, junto a legisladores nacionales, decanos y/o directores de carreras de universidades nacionales, personalidades de la gestión y organizaciones de la sociedad civil, alentaron la conformación de una “comunidad organizada” que trabaje, mancomunadamente, para el desarrollo de políticas públicas ambientales.
“Si continuamos dispersos/as las grandes corporaciones seguirán imponiendo sus intereses y criterios para el manejo del territorio”, manifestaron en el comunicado los convocantes a la recolección de firmas.
“Basta con mirar lo que está ocurriendo en el Amazonas; aunque, lamentablemente, la lógica se repite en otros ecosistemas de la región, con menor visibilidad mediática, como el Gran Chaco Sudamericano”, apuntan en el documento.
Extractivismo colonial del capitalismo
Los firmantes manifiestan en el documento que “enfrentamos una crisis civilizatoria que pone en juego nuestra subsistencia en el planeta, principalmente debido a la fase actual que atraviesa el capitalismo -íntimamente asociada a la economía especulativa- y su extractivismo colonial-corporativo”.
“Necesitamos revisar para qué estamos en el mundo, cómo queremos vivir y en qué ambiente queremos que cohabiten nuestros hijos y nietos”, expresa el comunicado.
Crimen socioambiental
“La explotación irracional de los bienes comunes naturales nos mata y empobrece, empeora la calidad de vida de todas las especies con quienes compartimos un único territorio, nuestra “Casa Común””, manifiesta la carta.
Por eso plantean dejar de destruir el horizonte existencial a futuro con el desplazamiento y muerte de las/os habitantes de los territorios arrasados por el fuego -muchas veces comunidades de pueblos originarios-.
“Transformar ecosistemas naturales como los bosques nativos, los pastizales o los humedales en tierra quemada -o arrasada- para cultivarla o para criar ganado, basado únicamente en la rentabilidad extraordinaria que se produce en el corto plazo y para beneficio de unos pocos, debe ser considerado un crimen socio-ambiental”, considera el documento.
“Los ecosistemas como el Amazonas, Chiquitania, el Cerrado o el Chaco, entre otros, constituyen un patrimonio biocultural de todos los cohabitantes del planeta, más allá de que deban ser gestionados por sus Estados Nacionales, respetando sus soberanías”, cierra el comunicado.
Por eso los investigadores consideran que “el actual modelo socio-económico se orienta hacia un desarrollo depredatorio de la naturaleza, a una escala nunca antes vista”.
