Luego de la declaración de rechazo a la Ley de Protección de Humedales por parte de productores rurales habitantes del delta, de la Confederación Rural Argentina (CRA) y de la Sociedad Rural (SRA), científicos y académicos de la región salieron a manifestar su apoyo al proyecto de Ley de Humedales que busca regular el manejo sustentable de los recursos.
Los hicieron mediante un comunicado en e el que esgrimieron que “no siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población”, y en el detallaron que observan en el proyecto que se encuentra en el Congreso, en comisiones, una “herramienta de regulación de la producción extractivista”.
Se trata de científicos, egresados e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste que integran el “Foro de Humedales NEA”. Fue la propia UNNE la que organizó un relevamiento de opinión entre académicos e investigadores para dar a conocer un posicionamiento conjunto para una norma que se encuentra en debate, en el parlamento.
El proyecto de Ley de Humedales ya fue elaborado en ocasiones anteriores pero no reunió consensos para ser promulgada como Ley por el rechazo de los productores rurales, y de las empresas e industrias productoras de papel, carne, miel y mimbre, entre otras, asentadas en el Delta.
Multas económicas y penas para infractores
El proyecto que tenía por objeto establecer los presupuestos mínimos para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad, ya había sido elaborado por los senadores Magdalena Odarda, Fernando “Pino” Solanas y Jaime Linares, en 2015.
En esta ocasión fue el diputado nacional, Leonardo Grosso, el encargado de presentar la iniciativa que que establece penas de hasta con 6 años de prisión a infractores y multas de hasta 840 millones de pesos.
A esas empresas salió a apoyar con el nuevo proyecto de Ley, la propia Sociedad Rural y la Confederación Rural, la semana pasada. Para la Confederación Rural Argentina, el proyecto de Ley de Humedales que avanza en Diputados para proteger las zonas del avance de la llamada “frontera agropecuaria y ganadera” es “un proyecto tiene una mirada sesgada sobre el ambiente ya que se ocupan exclusivamente de lo natural, en desmedro del hombre y sus necesidades”.
“Los humedales en Argentina son tierras productivas desde hace varias centurias”, dijo la CRA sobre los humedales del delta, para justificar las acciones que llevan adelante los productores con las quemas de pastizales y deforestaciones sobre el ambiente y los ecosistemas.
Desde la Comisión de Medio Ambiente de CRA alertan que ello “traería desconfianza, en la inversión privada, afectando la generación de empleo genuino y la producción de alimentos en varias provincias.
Ya la semana anterior, el presidente de la Sociedad Rural de Victoria, en Entre Ríos, Eduardo Grimaux, trató de deslindar de responsabilidades a los productores de la región, al asegurar que el desastre ambiental es “por una cuestión de cuarentena (por el coronavirus), la gente tira basura, hacen un fueguito, hacen un asado, todo suma”, dijo, y también apuntó a pescadores y cazadores furtivos prenden fuegos en las islas.
La explicación, claro, resulta inverosímil cuando son casi 200.000 hectáreas de humedales las afectadas por los incendios intencionales, una superficie alrededor de 11 veces el tamaño de la ciudad de Rosario, según datos del Gobierno.
Científicos y académicos fijaron posición
Desde otro sector, el científico y académico, salieron a manifestarse a favor de la norma, a través del “Foro Humedales NEA”, surgido desde Corrientes y conformado por investigadores y biólogos y estudiantes provenientes del ambiente estatal, privado y universitario, entre ellos investigadores, docentes y egresados de la Universidad.
El objetivo del foro es hacer pública una voz académica para no perder de eje “el interés común que representa los humedales, preservando su uso sustentable que no solo considera el aspecto de su aprovechamiento económico sino que aún más lo preserva para las futuras generaciones”, según manifestaron.
Señalan que por diversas razones, quizás centradas en una falsa dicotomía entre el sector ambientalista y el sector productivo, el tratamiento de proyectos en el Congreso de regulación de humedales siempre naufragó.
“Es necesario separar los beneficios ecosistémicos que provee la protección de un ambiente que es de todos, de las ganancias que obtendría un sector reducido de la población a partir de la explotación del mismo”, señalaron los investigadores.
Por eso advirtieron que “claramente, entendemos que el aumento de la protección de ciertos ambientes, puede limitar algunas áreas de producción, pero en general los ambientes seleccionados para su protección pueden traer beneficios ecosistémicos ya que “los humedales prestan una amplia gama de servicios importantes y fundamentales (por ejemplo, peces y fibras, abastecimiento de agua, purificación del agua, protección de la costa, oportunidades de recreación y, cada vez más, turismo) que son decisivos para el bienestar del hombre”.
El interés de la minoría
Finalmente, aclararon que “no siempre los intereses de un pequeño número de productores son los mismos que los de la mayoría de la población, en términos de cómo interactuar con la protección del ambiente y al uso de los “recursos” naturales.
Por eso se declararon en apoyo al proyecto de ley de presupuestos mínimos para el ordenamiento, protección y utilización de los humedales en el país: “nos ayudará a que todos seamos beneficiados de forma equitativa en cuanto a los servicios ecosistémicos, y a que las formas de producción extractivistas, con extensas modificaciones al ambiente sean reguladas”.
