En algunos días las 53 universidades nacionales que presentaron propuestas para ejecutar políticas de género al Ministerio de Educación contarán con los recursos para llevarlos a cabo.
Desde la cartera conducida por Alejandro Finocchiaro comunicaron que los fondos para solventar los proyectos estarán disponibles en los próximos días.
Se trata, en promedio, de unos 300 mil pesos por universidad destinados a ejecutar políticas de género, aunque cada una de las casas de altos estudios recibirá partidas proporcionales al proyecto y las iniciativas presentadas para ejecutarlo.
Entre ellas, 45 ya cuentan con un protocolo contra la violencia de género y 14 de ellas lo elaboraron por primera vez, aseguró la directora de Desarrollo Universitario de la cartera Daniela Nipoti.
“Ya se inició el trámite administrativo para efectivizar el pago. El máximo de aporte por universidad será de 250.000 pesos. Algunas recibirán más dinero, otras menos, según los proyectos que presentaron”, dijo a Télam Nipoti.
53 iniciativas
“Se presentaron 53 propuestas que fueron evaluadas por un comité que hizo observaciones, se esperaron las respuestas de las universidades y ya estamos en la instancia final, a punto de otorgar el financiamiento”, señaló.
Para la socióloga Vanesa Vázquez Laba, a cargo de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad de San Martín (Unsam), este financiamiento “fue muy esperado por quienes venimos trabajando protocolos de género y asistencia de casos”.
La profesional fue parte del comité que evaluó los proyectos que surgieron de la convocatoria de Educación, representando a la Red Universitaria de Género que se lanzó en 2015 en la Unsam.
“En muchos casos, hace años que venimos trabajando con financiamiento propio de cada universidad”, añadió la también investigadora del Conicet.
Explicó que las propuestas evaluadas “fueron dispares: hay universidades que van a usar el financiamiento para crear protocolos y equipos de intervención; otras que ya tenemos equipo y años de intervención, lo vamos a usar para seguir capacitándonos en temas urgentes como nuevas masculinidades o violencia entre parejas LGTB, situaciones diferentes que nos fueron apareciendo”.
También hubo iniciativas “destinadas a generar campañas de sensibilización y otras que van a construir bases de datos de casos para tener estadísticas internas sobre violencia de género”, añadió.
Nipoti destacó que “las universidades nuevas, como la de Almirante Brown y la Scalabrini Ortiz, están normalizándose aplicando la perspectiva de género desde el minuto cero” y valoró la constitución de la Red Universitaria de Género en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional.
Recordó además que “se ha aprobado en el último plenario de este Consejo la aplicación de la Ley Micaela”, norma que establece la capacitación obligatoria en género para agentes de todos los poderes del Estado.
Nipoti manifestó que “será interesante acompañar el proceso y ver el impacto de estas políticas de género en las universidades, lo que nos servirá de insumo para ver cómo se puede aplicar en otras instituciones”.
Como evaluadores de los proyectos participaron Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Heidi Canzobre, directora de Capacitación y Formación del Instituto Nacional de las Mujeres y representantes de distintas universidades del país con experiencia en incorporar la perspectiva de género.
En el último informe, publicado en 2018 por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se especifica que el 30,9% de las víctimas de violencia de género tiene entre 19 y 30 años, franja etaria que comprende a gran parte de las estudiantes del sistema universitario argentino.
