“La reducción del gasto fue tan grande que no sólo compensó la caída de ingresos si no que también generó el financiamiento para pagar intereses. De 16 gastos, 15 se redujeron en un promedio del 35%”, señaló Nadin Argañaraz, doctor en Economía y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Según el especialista, analizados de manera individual, los gastos que más se redujeron son las transferencia de capital y corrientes a las provincias, la inversión real directa (obra pública) y los subsidios a la energía, sin embargo por su impacto en el gasto público total las jubilaciones “soportaron el 35% de los 8 billones de pesos que cayó el gasto”.
Ayer, cerca de un millón de estudiantes y profesores de universidades públicas de Argentina protagonizaron la mayor movilización contra el plan de ajuste del presidente ultraderechista Javier Milei por considerarlo una amenaza para la continuidad de la educación gratuita que ha formado a varias generaciones de argentinos y extranjeros.
“Si la universidad está vacía, ¿de qué llenamos el futuro?”, se leía en un cartel escrito a mano que sostenía un joven en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, epicentro de la movilización. “En defensa de la educación pública”, que también tuvo réplicas en todo el país y contó con la adhesión de sindicatos, organizaciones sociales y partidos de la oposición.
El nudo del conflicto es la decisión del presidente ultraliberal de mantener el presupuesto nacional de 2023, pese a una inflación interanual de casi 288% en marzo y disponer aumento de partidas de forma unilateral. La medida es parte del plan de austeridad y desregulación de la economía que lleva adelante Milei desde que asumió el 10 de diciembre y, que según él, es la única alternativa para terminar con el flagelo de la inflación.
Matrícula en peligro
Las autoridades de la pública Universidad de Buenos Aires (UBA), una de las más prestigiosas de Latinoamérica y la de mayor matrícula de estudiantes del país sudamericano, denunciaron que la resolución oficial está afectado seriamente el funcionamiento de sus distintas facultades, al punto de tener que dictar clases en penumbras o calles y plazas para reducir el consumo de energía eléctrica, y advirtieron que en estas condiciones podrían cerrar sus puertas a mediados de año.
“Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en gastos de funcionamiento. Las partidas que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para poder funcionar, mantener edificios, realizar obras, sostener becas, las residencias, comedores, investigar, el desarrollo científico, laboratorios, servicios básicos, alquileres, todo fue congelado”, según un documento leído por la presidente de la Federación Universitaria de Argentina (FUA) —nucléa a los estudiantes de las universidades públicas de todo el país— en el cierre de la protesta.
“Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022”, señaló.
Andrea Koch, de 27 años y estudiante de medicina de la UBA, dijo a The Associated Press que no hubiera podido estudiar la carrera si no hubiera sido gratuita y teme que no pueda recibirse si cierra.
“Si el gobierno no cambia su postura, la UBA cierra antes de fin de año. Nunca habíamos llegado a este punto pese a las crisis de otros años, ojalá esta protesta haga recapacitar al presidente”, sostuvo.
La UBA, al borde del cierre
Según datos de la Secretaría de Educación correspondientes al año 2023, de los 2.7 millones de estudiantes universitarios en todo el país, el 80% estudian en universidades de gestión estatal.
Flavia Comiglio, de 41 y egresada de la carrera de Comunicación Social de UBA, sostenía un cartel con la frase: “Nuestros hijos e hijas merecen ser lo que quieran ser. Universidad pública y gratuita”.
“Desfinanciar la universidad es una forma de destruirla. Es importante defenderla para que las clases bajas que no tienen dinero para pagar educación tengan acceso a la universidad y hacer la carrera que quieran. En otros países eso no pasa. Tengo tres hijas y quiero que tengan mis mismas posibilidades”, afirmó.
El Ministerio de Capital Humano, del cual depende el área de educación, indicó en un comunicado que las universidades públicas recibieron la víspera 21.888 millones de pesos (unos 24,5 millones de dólares) del Estado Nacional para su funcionamiento y que se realizó “el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento” de las universidades nacionales, con un aumento del 70%.
La inflación y el ajuste, combo letal
Pero los referentes del movimiento universitario indicaron que aún con esa mejora el presupuesto corre por detrás de la inflación. “Más del 90% de lo que estado invierte en la educación superior se destina al pago de salarios de docentes y no docentes en universidades nacionales. En los últimos meses, el salario de los trabajadores han perdido el 50% respecto a la inflación. Sin salarios dignos, la educación pública es inviable”, indicó el documento universitario.
A través de sus redes sociales, Milei replicó publicaciones de sus seguidores en contra de la protesta y en las se cuestionaba los “intereses políticos” detrás de la convocatoria.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que la marcha que tiene lugar en la capital busca “poner en jaque al gobierno” al contar con la presencia de dirigentes del peronismo y organizaciones sociales izquierdistas contrarias a Milei, un economista ultraliberal y de extrema derecha que asumió en diciembre.
El gobierno también acusa a la UBA y a otras universidades públicas de adoctrinamiento y falta de transparencia en el manejo de recursos.
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