El Gobierno, a través del Ministerio de Educación de la Nación, a cargo de Nicolás Trotta, confirmó que prevé para el 2022 el tratamiento de la Ley de Educación Superior, en el Congreso.
El proyecto de ley de Educación Superior contempla atender debilidades estructurales del sistema universitario nacional como la baja articulación con el sistema productivo y la alta tasa de deserción en los primeros años de los ingresantes, que en el conurbano bonaerense alcanza, en algunas universidades, al 60%.
El diputado nacional, y secretario general del Consejo Federal Educativo (CFE), Mario Oporto, lo confirmó y destacó que, para este año, esperan la aprobación de la Ley de “Justicia Educativa”, que establecer llevar al 8% del PBI los recursos destinados a Educación, y dos proyectos más complementarios.
La ley de Justicia Educativa, junto a los de Formación docente, Tecnología educativa y Educación superior, integra el paquete de cuatro proyectos que “buscan garantizar el derecho pleno a una educación de calidad, a través de la inversión sostenida”, y que fueron anunciados en julio por el ministro, Nicolás Trotta.
“El tratamiento de la nueva Ley Universitaria tendrá que esperar para el próximo año, pero mientras, se espera que este año salgan las leyes denominadas de “Justicia Educativa, Formación Docente y Tecnología por la Educación”, confirmó el secretario general del Consejo Federal de Educación.
Oporto, que fue dos veces ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires: 2001/05 y 2007/11, indicó que la búsqueda oficial de mayores recursos para el sector es para que el conocimiento sirva para profundizar la equidad y “ayudar a quienes más lo necesitan”.
El funcionario se concentró más en el proyecto en el cual se está destinando mayor énfasis desde la cartera de educación, para este año: “Llegar al 8 por ciento del PBI para educación, como prevé la Ley de Justicia Educativa, no es sólo para mejorar el presupuesto, sino para que haya más igualdad social en el aprendizaje”, dijo y detalló que “la ley de Justicia Educativa, en la que estamos trabajando con el ministro Nicolás Trotta, significa aumentar el financiamiento con el objetivo de llegar al 8 por ciento del Producto Bruto Interno, más el 1 por ciento para Ciencia y Tecnología”, dijo el legislador nacional.
La ley de Justicia Educativa apunta a abrir definiciones sobre la estrategia de financiamiento educativo, regular la inversión educativa y la planificación estratégica “para la construcción de un modelo social más igualitario”.
Entrevistado en el programa “Ahora o nunca: el espacio de la educación” en radio Cooperativa (AM770), destacó que “los consensos” logrados en el Consejo Federal de Educación (CFE) “prácticamente no tuvieron disidencias en los temas fundamentales”.
Los proyectos se discutieron en el último encuentro del CFE, donde decidieron por mayoría los cambios en el protocolo para las escuelas para intensificar la presencialidad a partir del 1 de septiembre/21, respetando todas las disposiciones sanitarias dispuestas por los especialistas.
Desde la sanción de la actual Ley de Educación Nacional (la 26.206 de 2006), las políticas de Estado en materia educativa no las dicta el ministro de turno sino todos los responsables provinciales, en el marco del CFE.
Oporto aseguró que “en paralelo se está trabajando en tres leyes que son las de Justicia Educativa, la de formación docente y la de tecnología para la educación, pero la base va a ser Justicia Educativa, porque las otras van a depender de ese financiamiento”, y agregó que “para que se logren los objetivos falta financiación y buenos docentes formados, que puedan sostener la profesionalidad con buenos salarios y buenos recursos”.
El funcionario sostuvo que la ley de Educación Superior quedará para el próximo año.
Las debilidades del sistema universitario argentino
Durante el debate abierto en mayo en la cámara de Diputados, un grupo de especialistas expusieron sobre el nuevo proyecto de ley de Educación Superior (Ley Universitaria) en la Comisión de Educación, y marcaron varios puntos en los que habría que modificar la actual ley de Educación Superior.
La deserción temprana de las universidades y la baja articulación con el sector productivo fueron algunas de las debilidades del sistema universitario, remarcados por especialistas como Néstor Pan, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria; Rodolfo De Vincenzi, del Consejo de Rectores de Universidades Privadas; y los rectores Ernesto Villanueva (Universidad Nacional Arturo Jauretche); Hugo Juri (Universidad Nacional de Córdoba); Enrique Mammarella (Universidad Nacional del Litoral); y Gastón O?Donnell (UCES).
En el inicio del debate, Pan planteó que “hay que empezar a generar una agenda con el nuevo rol que va a ocupar la educación superior en este siglo, ya que notamos profundas debilidades dentro del sistema”.
“Entonces se ve que hay un sistema universitario que no retiene y que no ofrece otra alternita ante la gran deserción de estudiantes en el 1° año de la carrera”, añadió.
En cifras, precisó que “en el conurbano bonaerense, casi un 60 por ciento de los alumnos abandonan en el 1° año y hay una tasa de graduación de solo unos 20 puntos”.
“El sistema universitario en su conjunto está muy disociado de la producción y por eso tenemos que lograr un sentido de pertenencia vinculado con el área de la producción”, dijo.
Por eso, “en las nuevas currículas tienen que estar basadas en un diseño productivo y no en el diseño de la demanda”.
A su turno, Di Vicenzi detalló que “solo el 14 por ciento de la clase económicamente activa tiene estudios universitarios completos inclusive sumando a las personas que tiene estudios superiores complejos no universitarios llegamos solo al 23.8 por ciento”.
?Una de las prioridades debería ser orientar la formación profesional a la generación de divisas y creación de empleo porque vemos que hay una brecha entre la formación profesional que demanda el mercado y la formación académica?.
En ese sentido, remarcó que “se demanda un vínculo mucho más profundo entre la universidad y el sector productivo empleador”.
Por su parte, Villanueva manifestó que “al interior de las universidades hay que trabajar la cuestión de género, la clase dirigente universitaria es mayoritariamente de hombres y esto tiene que ser corregido, creando una norma que ponga solución a esto y que aún no existe”.
Para Juri, en una futura ley hay que “tener en cuenta varias cuestiones” porque “hoy hay tecnología suficiente como para dar, en muchos casos, carreras, tramos en el sistema de crédito y poder acreditar esos conocimientos de manera segura”.
En tanto, Mammarella consideró que “hay que componer nuevas ofertas y dentro de estas, tener en cuenta las nuevas realidades. Esta ley de educación superior tiene que ser mucho más federal, tiene que pensar en quien vive en distintos lugares y con distintas realidades”.
O?Donnell destacó que “el pilar de la ley, es la autonomía universitaria, tiene que ser responsable, vista y controlada porque sobre esta base está el aseguramiento de la calidad”.
